Nicaragua destierra a más de doscientos presos políticos
Por Felipe Galli

En horas de la madrugada de hoy, un contingente de hasta 222 presos políticos del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua fueron sacados de las cárceles. Automáticamente fueron subidos a un avión y enviados directamente a los Estados Unidos. Estando ya estos fuera del país, se procedió a leer sus sentencias (se les declaró traidores a la Patria y se les inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.
"Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua" leyó el juez Octavio Rothschuh, en un informe que fue transmitido al país a través de los medios de comunicación oficialistas.
Esta lectura, que parece sacada de una película de totalitarismo distópico, acaba de ocurrir, hoy, en la vida real y en pleno siglo XXI, cuando todavía no estaba amparada por ninguna legislación. De hecho, la constitución de Nicaragua considera que ningún nicaragüense podía ser privado de su nacionalidad. Fue el mismo día, horas más tarde, que el régimen organizó una reforma constitucional exprés, formalizando el margen del Estado para categorizar a sus opositores como "traidores a la Patria", deportarlos y privarlos de todos sus derechos ciudadanos. Sin embargo, no estaba vigente al momento de ocurrir la deportación y seguirá sin estarlo hasta que se formalice (tendría que ser en una lectura para enero de 2024).
Israel González Espinosa, periodista nicaragüense exiliado en España con quién ya tuvimos la oportunidad de conversar el año pasado sobre la situación de su país, sostuvo un intercambio con Carta Política en el que nos dio su impresión.
"Lo que han hecho es una aberración jurídica. Primero los deportaron y luego reformaron la constitución y las leyes, según las cuales ningún nicaragüense puede ser despojado de su nacionalidad, para hacer legal la deportación cuando esta ya se había producido" explica, "Ellos [el régimen de Ortega y Murillo] hacen todo vía de facto, luego reforman la ley para darle un maquillaje legal".

El vuelo que despegó desde Managua esta madrugada con los presos políticos a bordo está a cargo de la aerolínea Omni Air International. Esta confirmó en su página web el despegue a las 6:31 am, con destino a la capital estadounidense. Nada más conocerse la noticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que su gobierno no sostuvo ningún tipo de negociación con Ortega y que el régimen nicaragüense había actuado de manera unilateral en el envío de estas 222 personas al país norteamericano.
"Ya la propia elección del destino tampoco es inocente", comenta González, "pudo enviarlos a San José de Costa Rica, que es hoy la capital del exilio nicaragüense, pero los envía a los Estados Unidos, claramente para dar pie a su retórica de traición a la Patria y exacerbar su discurso nacionalista frente a los yanquis".
González sugiere que esto puede sentar un peligroso precedente, pues no solo aplicaría para estos presos políticos en particular, sino que el régimen podría empezar a aplicarla arbitrariamente para deportar a cualquiera que exprese una opinión divergente con Ortega y Murillo. "No obstante, yo celebro que los compatriotas que estaban encarcelados en las ergástulas [como se conoce a las prisiones nicaragüenses, donde se han reportado condiciones de vida extremas y torturas] estén finalmente liberados, aunque hayan sido desterrados del país. Sobre todo los líderes jóvenes y los sacerdotes".
En efecto, además de casi la totalidad de los precandidatos opositores que intentaron presentarse en las elecciones presidenciales de 2021, el contingente de presos políticos detenidos por la dictadura nicaragüense durante los últimos cinco años se compone de un grupo muy plural, pero destacan mucho los dirigentes estudiantiles (entre los cuales está Lesther Alemán, de 25 años de edad, uno de los desterrados) y líderes religiosos. Tanto el estudiantado como la Iglesia Católica han constituido el principal bastión de las fuerzas opositoras al régimen durante la última década y sus integrantes, por lo tanto, han sido los blancos principales de las sucesivas escaladas represivas que tuvieron lugar en el país desde las protestas de 2018 hasta el período pre y postelectoral de 2021.

Durante algunas horas, se intentó conocer el paradero del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en arresto domiciliario (denunciado por muchos como un secuestro de facto) desde el 4 de agosto de 2022 por su papel en la oposición al régimen y que se ha convertido en uno de los principales íconos para los detractores del orteguismo. Se especulaba si estaría a bordo del avión. Algunas fuentes informaron que el sacerdote fue incluido en las listas de los presos políticos a deportar, pero que este rechazó tajantemente salir de Nicaragua y continúa detenido.
"El caso de monseñor Rolando Álvarez es muy especial, porque él ya había anticipado que no quería salir del país, que su lugar siempre estaba dentro de Nicaragua", agregó González, sin embargo, no se descarta que finalmente sea deportado, y anticipa la opacidad con la que el asunto se ha manejado por parte de la propia dictadura. "Esto fue solo una decisión unilateral del régimen y Estados Unidos prestó la logística para que esta gente saliera del país".
No es la primera vez que se sugiere la salida del país de Álvarez, a pesar de la rotunda negativa del obispo a hacerlo. Se sabe que el orteguismo tuvo la expectativa de que el Papa Francisco lo convocara al Vaticano en calidad de "asesor", lo que le permitiría a la dictadura exiliarlo forzosamente sin mayores escándalos. Sin embargo, esto no se dio.
A pesar de las implicancias controvertidas del destierro, el gobierno de los Estados Unidos reaccionó positivamente. El Secretario de Estado, Anthony Blinken, anticipó que la decisión de Ortega "le abre la puerta a un mayor diálogo" con el régimen. Numerosas entidades y organismos de derechos humanos expresaron su alivio por que los presos políticos se encuentren ahora a salvo y en libertad, pero anticiparon su repudio a lo que es, a todas luces, un destierro en tiempos modernos y un crimen de lesa humanidad.