El caso Tehuel y la situación de la población trans en Argentina

17.05.2021

Por Lara Velasco Palo

El 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años de la localidad bonaerense de San Vicente, se fue a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn y no volvió. Hasta el día de hoy, se desconoce su paradero y familiares y amigos lo siguen buscando. El reclamo "¿Dónde está Tehuel?" circuló por todas las redes sociales y la consigna "Compartí como si fuera cis"*, haciendo alusión a la falta de visibilidad de la violencia hacia las personas trans, acompañaba la imagen con la cara del joven que se volvió viral.

Es importante no ver este hecho como un caso aislado. En todo el mundo, el género es un factor de desigualdad y, en particular, el colectivo trans es uno de los que más sufre los riesgos de esta exclusión. Esto vuelve fundamental el análisis de su situación en la Argentina y de las acciones que puede llevar adelante no sólo el Estado, sino también los medios de comunicación, para mejorarla.

Condiciones de empleo de la población trans

Según la ONU (2017) las personas trans son aquellas que "...tienen una identidad de género diferente del sexo que se les asignó al nacer" (p.1). Independientemente del país en el que vivan, están más expuestas a sufrir violencia, acoso y discriminación, y Argentina, por supuesto, no es la excepción. Tehuel fue a buscar empleo en un contexto en el que casi toda la población trans del país vive en la pobreza y en la indigencia (OEA, 2015). Esto se debe a las cadenas de exclusiones a las que se enfrentan durante toda su vida, comenzando por el rechazo dentro de sus hogares por no cumplir los mandatos familiares y sociales. En consecuencia, terminan fuera de los sistemas formales de educación, lo que dificulta el acceso al empleo formal, al carecer de certificaciones oficiales (Ortega, 2018). La mayoría, entonces, no encuentra otra salida más que ejercer la prostitución o el trabajo sexual como única forma de supervivencia, junto con otras actividades de la economía informal. En nuestro país, más del 85% de las femeneidades trans y travestis se encuentran en situación de prostitución (Rodriguez, 2020).

El último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Travesti y Transexual (2020) -que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación- analizó las condiciones de empleo de la población trans en el contexto de crisis sanitaria internacional por la pandemia de COVID-19, y afirmó que, como la gran mayoría se dedica a la prostitución, vieron agravada su situación ya que las restricciones a la circulación les han impedido salir a la calle y ejercer esta actividad. Esto generó una disminución en sus ingresos y, por ende, falta de alimento y dificultades para pagar el alquiler.

Violencia y discriminación contra la población trans

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (2020) califica a estos crímenes como actos voluntarios conscientes que violan el derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad, a la libertad personal y a la vida, con el objetivo de dañar a la víctima. Están basados en el rechazo, odio y/o discriminación a grupos históricamente vulnerados (2020). Su último informe, correspondiente al primer semestre del 2020, registra que de los 69 crímenes de odio cometidos hacia la comunidad LGBT en ese período, el 78% de los casos corresponden a mujeres trans, el 16% a los varones gay cis, el 4% a lesbianas y el 2% a los varones trans. Estos datos muestran que las mujeres trans son las que más sufren la discriminación y violencia dentro de la comunidad LGBT, siendo su expectativa de vida de 35 a 40 años (Ortega, 2018).

Cabe destacar que, según este informe, de los crímenes recién mencionados, el 13% fueron perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, por lo que conforman casos de violencia institucional. Estos están dirigidos particularmente a las mujeres trans, quienes deben soportar detenciones arbitrarias, exigencia de coimas o servicios sexuales gratuitos, violaciones, persecuciones y demás tratos violentos en la vía pública, comisarías y penales. Desde la sanción de la ley de identidad de género y la derogación tácita de las leyes que criminalizaban a las personas trans, las fuerzas de seguridad aumentaron el uso de leyes que las criminalizan de forma indirecta. Es así como es común que imputen a las detenidas por comercializar estupefacientes, siendo la mayoría migrantes en situación de prostitución y vulnerabilidad extrema (Akahatá, 2016). Un ejemplo es el "Caso Zambrano": en la madrugada del 4 de septiembre de 2016, fueron demoradas en La Plata 25 mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas, en una razzia policial calificada como "operativo contra narcotravestis". Nueve fueron llevadas a la comisaría 9na y cuatro quedaron detenidas hasta el 12 de septiembre, día en que la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, en un fallo histórico, anuló este procedimiento policial por considerarlo "vejatorio en grado sumo". Por ende, es fundamental reconocer al Estado como sostén de la persecución y marginalización de este colectivo, mediante las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario.

No hay que olvidar la discriminación que sufre la comunidad trans en el sistema educativo, que se traduce en una alta deserción. En Argentina, los datos son preocupantes: 6 de cada 10 personas trans han sido discriminadas por parte de sus pares dentro de la escuela, el 45% abandonó la educación secundaria, el 73,5% no logra completar sus estudios secundarios y sólo el 2,3% completó los estudios universitarios (Red Iberoamericana de Educación LGTBI, 2016).

Los avances en Argentina: un largo camino por recorrer

En vista a mejorar la situación de la comunidad trans, Argentina tuvo avances significativos que son ejemplo para todo el mundo. El más importante es la Ley Nacional 26.734 de Identidad de Género promulgada en el 2012, que permite que las personas trans puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y género que elijan. Además, todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género deben formar parte del Programa Médico Obligatorio. Según un estudio publicado en 2014 por la Fundación Huésped en colaboración con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), esta ley tuvo un impacto positivo en las condiciones y calidad de vida de las personas trans, con incrementos en el acceso a la salud, la educación, el trabajo y en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Otro avance a destacar es el Cupo Nacional Trans, establecido por decreto (DCTO-2020-721-APN-PTE), que establece un cupo laboral en un mínimo de un 1% para las personas travestis, transexuales y transgénero en el Sector Público Nacional, que cumplan las condiciones de idoneidad.

Si bien estas conquistas son muy importantes, no resuelven los problemas generados por la discriminacíón y el estigma. Como se vió, la comunidad trans sufre en gran medida la violencia por parte de particulares y del Estado, mediante las fuerzas de seguridad. Además, la mayoría se encuentra excluida del empleo formal y su expectativa de vida es baja. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado argentino para garantizar sus derechos básicos?. La Federación Argentina LBGT, y la ATTTA en particular, luchan desde el 2012 por la aprobación del proyecto de Ley Integral para Personas Trans, que busca garantizarles el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos. Además, promueve el respeto de su dignidad y la integración cultural, económica-laboral y en los ámbitos de la salud y educación.

Por otro lado, son necesarias también políticas públicas destinadas a formar a las fuerzas de seguridad, personal penitenciario federal, trabajadores de la salud, docentes, jueces y funcionarios sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT. Como así también programas que promuevan la inserción laboral de las personas trans y su reingreso y permanencia en el sistema educativo. También es fundamental que se aplique de forma efectiva la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional.

Por último, no hay que olvidar el rol que tienen los medios de comunicación al transmitir información relativa a esta comunidad. En este sentido, la ONU (2017) recomienda que estos: difundan las opiniones y problemas a los que se enfrentan las personas trans; se abstengan de difundir estereotipos negativos y nocivos; se refieran a estas según los pronombres, género y nombre con los que se identifiquen; no mencionen que una persona es trans sin su consentimiento; y formen a periodistas en el respeto a este colectivo.

Estas acciones, sin duda alguna, son extremadamente necesarias para terminar con el estigma y la discriminación que afecta a la población trans y que permitirán llegar a una sociedad más igualitaria, para que cada vez sean menos las personas que vean vulnerados sus derechos por expresar su identidad de género.

* El término "cis" o "cisgénero" refiere a la identidad de género de una persona que corresponde con el sexo que se le asignó al nacer (https://identidadydiversidad.adc.org.ar/recursos/glosario/)


Referencias:


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